Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, ha congelado a las universidades públicas sus fondos para los próximos tres años. Los centros de educación superior contarán en 2011, 2012 y 2013 con el mismo dinero que este año, según informó ayer el rector de la Jaume I de Castellón, Vicent Climent, a su consejo de gobierno. En realidad tendrán algo menos que este año, ya que los presupuestos aprobados para 2010 todavía no recogían el recorte del 5% en el salario de los empleados públicos. La decisión provocó sorpresa en el mundo académico: solo las previsiones más oscuras contemplan que la crisis se alargue hasta entonces.
La congelación casa, en todo caso, mal con las apelaciones que Font de Mora y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vienen haciendo sobre el papel clave de las universidades para resituar a la comunidad autónoma en materia de investigación, desarrollo e innovación. Un terreno en el que se encuentra retrasada respecto al conjunto de España, un país que está a su vez a la cola de la Unión Europea en un ámbito crítico para la economía.
El departamento de Font de Mora ya había comunicado a los rectores el aplazamiento del nuevo modelo de financiación plurianual. Pero eso no implicaba una gran novedad: en los siete años que lleva en el cargo, y a pesar de haberse anunciado media docena de veces, Camps no ha logrado renovar un sistema que fue establecido en la última etapa de los socialistas en la Generalitat, y que fue revalidado por el ex presidente popular Eduardo Zaplana.
Otra vez el catalán
La misma impresión de eterno retorno dejó otra de las decisiones del consejero: negarse a publicar en el diario oficial el párrafo de los estatutos de la Jaume I que alude al catalán como la forma académica de referirse a la lengua de los valencianos. Font de Mora, que cesó hace poco en su discriminación contra Filología Catalana en las convocatorias de profesores preuniversitarios tras encajar 35 sentencias contrarias, se dispone a reeditar una batalla judicial que no puede ganar. Los altos tribunales ya han establecido que la Jaume I (y las universidades de València y Alicante) puede usar la palabra en sus estatutos. Ocurre que al reformarse la LOU (Ley Orgánica de Universidades), las universidades están obligadas a volver a aprobar sus estatutos, circunstancia que le ha servido el Consell para volver a empezar.
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